España quitará derechos a los residente británicos si no obtiene igualdad de trato

Más de 86.000 españoles han solicitado ya la residencia permanente en el Reino Unido

España exige reciprocidad al Reino Unido en uno de los aspectos más sensibles del Brexit: el trato a los ciudadanos expatriados. El Gobierno español legisló de urgencia para blindar los derechos de los 365.967 británicos que residen oficialmente en el país y echa en falta mecanismos similares en el Reino Unido. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha trasladado ya el mensaje al Gobierno de Boris Johnson y ha advertido de que, sin un esquema británico equivalente, el marco español para los residentes británicos decaerá. Más de 86.000 españoles han solicitado ya la residencia permanente.

El destino de más de medio millón de personas (los 365.967 británicos que viven en España y los 180.000 españoles que residen en el Reino Unido) depende del modo como se consume el divorcio entre Londres y Bruselas. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Boris Johnson desean preservar los derechos de este colectivo, pero las fórmulas empleadas para hacerlo difieren. El Reino Unido ha puesto en marcha un esquema general para todos los ciudadanos de la Unión Europea —entre ellos, los españoles— que congela, con matices, el abanico de derechos que hoy disfrutan por el paraguas común que proporciona la UE. El mecanismo consta de dos categorías: el estatus de residente, con condiciones muy generosas, y el llamado estatus de prerresidente, que otorga menos derechos. Las cifras oficiales británicas arrojan un descenso en la proporción de ciudadanos que encajan en la primera categoría. Si en abril de este año, cuando el sistema arrancó oficialmente, lo recibían el 66% de los solicitantes, hoy el porcentaje ha bajado al 57%.

España ha optado por un camino diferente. El Gobierno aprobó en marzo un decreto ley muy detallado por si la ruptura entre el Reino Unido y la UE es inamistosa. Ese esquema contempla casi todas las facetas de la vida diaria de los ciudadanos; entre ellas la convalidación de títulos universitarios y permisos de conducir, la prestación sanitaria o el permiso de trabajo. También garantiza, con limitaciones, la continuidad en la actividad de empresas británicas que operen en España.

El ministro británico para el Brexit, Steve Barclay, se reunió la semana pasada en Madrid con el jefe de la diplomacia española. Los derechos de la ciudadanía, uno de los elementos más simbólicos del divorcio británico, centraron parte del debate. Barclay agradeció el real decreto ley aprobado por España, el destino preferido de los británicos expatriados. Borrell advirtió de que esas condiciones tan ventajosas solo se mantendrán si son recíprocas, un planteamiento sobre el que la delegación británica pidió aclaraciones.

“Les hemos dicho que nuestro real decreto facilita que todo siga igual en caso de Brexit no pactado. Pero para eso es necesaria la reciprocidad. Y la reciprocidad no se puede garantizar a medias: se da o no se da”, señala en conversación telefónica Luis Marco Aguiriano, secretario de Estado para la UE, que participó en la reunión con el ministro británico el pasado jueves.

Dos meses

El decreto ya fija desde el principio esa condicionalidad. El artículo 2 estipula que si en dos meses las autoridades británicas no otorgan “un tratamiento recíproco” a ciudadanos y empresas españoles, “serán suspendidas las medidas reguladas” en el texto legal. Aguiriano recuerda ese requisito y advierte de que el Reino Unido no lo tiene regulado por ley.

Frente a ese enfoque, las autoridades británicas replican que su esquema para prolongar los derechos de los ciudadanos comunitarios que ya residan en el país garantiza las condiciones que recoge el decreto español. El plan de Londres incluye el derecho a trabajar, a usar el sistema sanitario, a acceder a la educación, a recibir prestaciones como pensiones y a viajar dentro y fuera del Reino Unido, aunque con un tope de cinco años para permanecer fuera del territorio británico. Fuentes diplomáticas argumentan que no se pueden buscar correspondencias exactas entre ambos textos, pero dan por cumplido el requisito que exige el Gobierno español. “Aunque haya algún elemento que requiera un desarrollo posterior, por nuestra parte lo consideramos cumplido”, defienden las fuentes británicas.

Para aclarar toda la letra pequeña, ambas partes se han citado de nuevo la primera semana de octubre. En este caso no acudirán los dirigentes políticos, sino responsables de niveles más técnicos. El objetivo es alejar al máximo la incertidumbre de un Brexit que, si no hay cambios, se producirá el próximo 31 de octubre. De momento no existen garantías de que la salida se produzca con acuerdo.

Más allá de la cobertura que ofrezca, el esquema británico para obtener la residencia permanente tras el Brexit no es automático. Un total de 86.400 españoles han solicitado acceder a ese estatus blindado hasta el pasado 31 de agosto, según datos del Gobierno británico. Se trata de casi un 7% de todas las solicitudes europeas, lo que convierte a los residentes españoles en el quinto colectivo europeo más numeroso. El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que, de ese grupo, unos 70.000 ya han conseguido la residencia permanente, un porcentaje elevado (81%), pero no exhaustivo.

UN ENJAMBRE DE TEXTOS PARA REGULAR LOS FLUJOS CON GIBRALTAR

Tanto España como Reino Unido y las autoridades de Gibraltar dicen contar con una red de seguridad que protegerá a los ciudadanos que cruzan cada día la verja entre España y la colonia británica tras el Brexit. Pero las vías legales para garantizarlo son dispersas y en algunos casos, de aplicación incierta. El principal aval para la continuidad en la vida de los trabajadores transfronterizos (aproximadamente 9.000 españoles) es el memorando de entendimiento suscrito entre el Reino Unido y España en noviembre de 2018. El texto presenta un punto débil insoslayable: recoge derechos contenidos en el Acuerdo europeo de Retirada del Reino Unido, un instrumento rechazado por el Parlamento británico y por el Gobierno de Boris Johnson.

El memorando se limita a garantizar “la correcta aplicación de las disposiciones contenidas” en el protocolo sobre Gibraltar incluido en ese acuerdo de retirada que pactaron los Gobiernos europeos con el Ejecutivo de Theresa May pero que luego rechazó la Cámara británica. El protocolo de la UE cubre expresamente los derechos de “los trabajadores transfronterizos que residan en Gibraltar o en España, en particular en el territorio de los municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar”.

Pero las opciones de supervivencia del texto general de retirada en el que se enmarca ese protocolo gibraltareño son muy escasas, aunque en los últimos días la Comisión Europea ha mostrado más optimismo respecto al acuerdo con Londres. Las fuentes españolas, británicas y gibraltareñas consultadas restan importancia a ese obstáculo legal e insisten en la voluntad de mantener el contenido de lo pactado, más allá de la fórmula que haya que emplear.

El tercer texto que regula los flujos con Gibraltar tras el divorcio británico es el real decreto ley español para un Brexit duro. El documento extiende derechos como la sanidad y la educación a los gibraltareños que puedan requerirlos en España. También garantiza la prestación de servicios, entre ellos los financieros y los de transporte. Ese marco solo entrará en vigor si la salida británica es abrupta.

 

www.elpais.com «España quitará derechos a los residentes británicos si no obtienen igualdad de trato» Madrid

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.