«Tenemos acuerdo y un buen acuerdo (…).Nunca la Unión Europea había decidido invertir de una manera tan ambiciosa en el futuro», afirmó en la misma red social la primera ministra belga, Sophie Wilmès.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que el acuerdo es «una señal sobre la capacidad de actuar» de la UE. «Europa tiene la valentía y la imaginación de pensar en grande», ha enfatizado en una rueda de prensa la alemana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró satisfecho este martes por el «acuerdo histórico» logrado en Bruselas y que pone a disposición de España unos 140.000 millones de euros. «Ha costado pero lo hemos conseguido», indicaban fuentes de la delegación española, antes de que el presidente Sánchez compareciera visiblemente contento ante los periodistas en Bruselas para dar cuenta del acuerdo
«El esfuerzo ha sido extenuante pero el resultado es exitoso, ha merecido la pena. Europa está dando un paso de gigante», destacó despuñes en una rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente afirmó que España ha logrado obtener «aproximadamente» 140.000 millones de euros durante los próximos seis años, de los que 72.700 millones de euros serán transferencias y el resto en préstamos. «Entramos y salimos con 140.000 millones de euros», subrayó el presidente en referencia a la propuesta inicial que presentó la Comisión Europea y al resultado final acordado por los Veintisiete.
El presidente español apostó por «una recuperación verde, digital y la mejora del capital humano para una economía competitiva, inclusiva y sostenible».
Cuatro días de negociaciones
Para desbloquear la negociación han sido necesarios cuatro días de intensas negociaciones -que estuvieron cerca de descarrilar en la madrugada del domingo al lunes- y un puñado de cesiones a los países del Norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia), los socios que con más firmeza han reclamado un plan menos ambicioso.
Para alcanzar el pacto ha sido necesario hacer concesiones a los autodenominados países «frugales» –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto. Estos fueron los puntos más controvertidos de la negociación, junto a la propuesta para vincular la recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de Derecho.
Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría de los Veintisiete, querían como mínimo 400.000 millones de euros en subvenciones, mientras que los frugales proponían 350.000 millones.
Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 110.000 millones en las ayudas directas con respecto a los 500.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea (más 250.000 millones en créditos), lo que se ha traducido en reducciones de la dotación de varios programas comunitarios apoyados por el fondo.
El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a Holanda, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.
Planes bajo votación
Los países remitirán sus planes a la Comisión, y estos tendrán que ser aprobados también por una mayoría cualificada de los Veintisiete. Después, a la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si un país o varios tienen dudas, podrán elevar la cuestión a una cumbre de líderes, con lo que el pago se paralizará hasta que lo hayan abordado.
Por otro lado, aumentan los descuentos que tienen los frugales en su contribución al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales). El de Holanda será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial, el de Dinamarca pasará de 197 a 377 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones.
Además, se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, de la que recelaban Hungría y Polonia, así como la meta de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo de recuperación apoye objetivos climáticos.
